Las ayudas autonómicas concedidas a través de este programa de prevención de riesgos laborales han promovido la retirada de amianto en un total de 592 empresas, con un coste medio de 18.581 euros por ayuda, beneficiando directamente a miles de trabajadores en Castilla y León al eliminar riesgos de caídas y la exposición a agentes cancerígenos.
Desde su puesta en marcha, Castilla y León ha invertido en este programa 11.014.777 euros, con los que se ha subvencionado la retirada de 409.295 metros cuadrados de cubiertas de amianto en 592 pequeñas empresas de la comunidad, contribuyendo a mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores en los centros de trabajo beneficiarios.
El objetivo de estos incentivos es doble y prioritario para la seguridad y salud de los trabajadores, al eliminar, por un lado, el riesgo de caídas de altura durante los trabajos en cubiertas ligeras y, por otro, los riesgos derivados de la exposición a las fibras de amianto, que ha sido asociado con enfermedades profesionales respiratorias y procesos cancerígenos con afectación pulmonar y laríngea.
Aunque las ayudas están abiertas a pymes y autónomos de cualquier actividad económica, han beneficiado fundamentalmente al medio rural, y particularmente al sector agropecuario, donde existe una mayor presencia de naves que todavía tienen este tipo de material en sus cubiertas.
La inversión no solo ha permitido la retirada del amianto, sino también la sustitución de 320.619 metros cuadrados por nuevas cubiertas resistentes y transitables, una sustitución que, además, en muchas ocasiones ha ido acompañada de la instalación de placas solares, favoreciendo el ahorro energético y la sostenibilidad de las explotaciones.
Para Castilla y León este tipo de medidas son prioritarias en una apuesta clara por configurar entornos de trabajo más seguros y saludables, ya que son los trabajadores de estos centros lo beneficiarios últimos de las actuaciones subvencionadas.
La retirada de amianto se inscribe en una estrategia global de prevención de riesgos laborales, así como para las empresas, tanto por razones legales y de responsabilidad social como por los beneficios que la prevención de riesgos laborales tiene en la productividad y la reputación empresarial.
De ahí que el apoyo de Castilla y León a las pequeñas empresas de la comunidad para que cuenten con espacios de trabajo más seguros y saludables está en línea con la Estrategia y el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de Castilla y León 2025-2028, firmado en el marco del Diálogo Social el pasado mes de abril.
Este Plan prevé una inversión total de más 48 millones de euros en materia de seguridad y salud con medidas que, como estas, se orientan a consolidar la integración de la prevención de riesgos labores en las pymes y a abordar la salud laboral desde una perspectiva integral que incluye el bienestar físico, mental y social.