La organización agraria ASAJA de Castilla y León, la más representativa de la comunidad, ha valorado positivamente que, «por fin, haya un acuerdo político entre el PP y VOX para conformar gobierno y dar estabilidad política tras las elecciones autonómicas celebradas el pasado mes de marzo.»
La organización agraria venía reclamando un gobierno que no estuviera en funciones para afrontar los problemas y retos del sector primario y valora «positivamente la creación de una ‘macroconsejería’ de Agricultura en la que, a sus competencias habituales, se suma también la política ambiental, en aspectos como las autorizaciones ambientales de las distintas actividades económicas, y la gestión de la caza. Con respecto a este último punto, el interés agrario tiene que ver con los daños que ocasiona la fauna salvaje: daños en cultivos, ataques a animales de abasto y transmisión de enfermedades que les son comunes. Por supuesto, esta renovada consejería tiene que llegar convenientemente dotada de los recursos humanos y económicos precisos para desarrollar las competencias que le corresponden.»
En cuanto a las medidas pactadas en materia de política agraria y medio ambiente, «en muchos casos, son meras declaraciones de intenciones, parecen poco concretas, no mencionan plazos ni compromisos presupuestarios, algunas se salen de las competencias de un gobierno autonómico y hasta pueden buscar el enfrentamiento entre administraciones en vez del consenso. Por experiencia anterior, en algunas cuestiones ambos partidos políticos no opinarán lo mismo en el Congreso de los Diputados o en el Parlamento Europeo. La organización agraria valora que, en materia agraria, en el documento no se hayan metido en ningún “charco”, aparentemente.»
En la política impositiva, el sindicato agrario ve con buenos ojos «toda reducción de impuestos a familias y empresas, entre ellas, a los autónomos de la agricultura, las que puedan ser específicas del medio rural -donde viven la mayoría de los agricultores y ganaderos-, y de forma particular la promesa de reducir impuestos en la transmisión de explotaciones agrarias y fincas rústicas y seguir bonificando al 95% las tasas veterinarias.»
Asimismo, considera ªambicioso el acuerdo en materia de política hidráulica», si bien recuerda que «las competencias recaen en la Confederación Hidrográfica del Duero, es decir, en el Gobierno de España.»
También, «suena bien preservar el suelo agrícola frente a la especulación de los fondos que promueven las energías fotovoltaicas, aunque de nuevo muchas competencias recaen en el Estado.»
Algunos datos del nuevo consejero de Agricultura, Ganadería, Medio rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, último presidente de ASAJA Ávila
El área del mundo agrario, el campo y la política ambiental, en cuanto a los animales silvestres y la caza y pesca, se refiere, ha sido una de las áreas funcionales elegidas por VOX en el pacto de investidura y legislatura entre PP-VOX en Castilla y León, tras las elecciones del pasado mes de marzo de 2026. Para desarrollar estas políticas VOX ha elegido al abulense Joaquín Antonio Pino, presidente de ASAJA en Ávila desde 2008 hasta su renuncia como consecuencia de la designación como consejero por el presidente de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco, si bien a propuesta de VOX.
Nacido en Ávila en 1981, Joaquín Antonio Pino es licenciado en Veterinaria por la Universidad de León y cuenta con una sólida formación académica, con másteres universitarios en Ingeniería Agronómica, Alta Dirección Pública, Estrategias para el Desarrollo Rural y Territorial y Biotecnología, además de estar diplomado en Salud Pública por la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III.
Agricultor desde 1999, ha desarrollado una intensa actividad profesional y representativa ligada al sector agrario. Ha sido presidente de ASAJA Ávila desde 2008 y ha ocupado diversas responsabilidades en entidades vinculadas al desarrollo rural y al sector agroalimentario, entre ellas la vicepresidencia de la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Moraña (ADRIMO), dentro del programa LEADER, así como la vicepresidencia de la Organización Interprofesional Agroalimentaria de la Patata de Castilla y León (OIPACYL). Desde 2023 es funcionario de carrera del Estado en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos. También ha colaborado como veterinario con la Junta de Castilla y León en diferentes campañas de identificación electrónica, vacunación y lucha antirrábica canina.
Veterinario de formación, agricultor de profesión y profundo conocedor de la realidad del medio rural, Joaquín Antonio Pino reúne las cualidades necesarias para liderar una consejería estratégica para Castilla y León. Su trayectoria profesional y su vinculación directa con el sector le han permitido conocer de primera mano las necesidades y preocupaciones de quienes viven y trabajan en el campo.
Lógicamente, desde ASAJA se ha recibido con enorme satisfacción el nombramiento de Joaquín Antonio Pino como nuevo consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León. Para la organización agraria, «la elección no puede ser más acertada en un momento especialmente complejo para el campo, marcado por los desafíos económicos, normativos y medioambientales que afrontan agricultores y ganaderos.»
“Joaquín conoce perfectamente el campo, la ganadería y los programas de desarrollo rural. Además, entiende cómo funcionan las políticas agrarias europeas y la toma de decisiones en Bruselas, algo fundamental en un momento en el que gran parte del futuro de nuestras explotaciones se decide en las instituciones comunitarias”, señalan desde la organización.
Cabe destacar que no ha pasado una semana desde su toma de posesión y ya ha brotado la primera polémica en la persona de Joaquín Antonio Pino. La reciente incorporación de Joaquín Antonio Pino al Gobierno de Castilla y León ha quedado envuelta en la controversia después de que salieran a la luz dudas sobre la titulación académica que le permitió acceder a una oposición estatal de Ingeniero Agrónomo del Estado, según publicó hace 4 días el períodico EL PAIS.
Pino debe explicar o aclarar los cuestionamientos relacionados con la validez de los estudios que utilizó para lograr una plaza en la Administración General del Estado.
Según la información publicada, Pino obtuvo acceso a la oposición de Ingeniero Agrónomo del Estado gracias a un máster impartido por una universidad privada. El problema radica en que su formación previa, como veterinario, no estaría entre las titulaciones que permiten cursar oficialmente dicho posgrado, circunstancia que ha generado críticas dentro del sector profesional.
La situación ha despertado interrogantes sobre los controles aplicados durante el proceso de admisión al máster y sobre la posterior validación de los requisitos académicos exigidos para concurrir a la oposición por parte de la Universidad Católica de Ávila.
El caso ha reabierto el debate sobre los mecanismos de supervisión de títulos universitarios y sobre la verificación de los requisitos exigidos en las oposiciones de alta cualificación. Diversas voces reclaman que se esclarezca si el acceso al máster y la posterior obtención de la plaza se ajustaron plenamente a la normativa vigente.
A Mañueco ya le ha salido el primer sarpullido. A ver cómo evoluciona y qué pomada aplica para disminuir los «dolores». Veremos.