El pasado 15 de octubre se ha publicado en el BOE el Real Decreto 916/2025, de 14 de octubre, por el que se modifican diversos reales decretos en materia de Política Agrícola Común (PAC). En uno de sus apartados se establece que “los beneficiarios de las ayudas directas de la PAC y de intervenciones en desarrollo rural, deben de aportar a la autoridad competente, cuando lo requiera, documentación que acredite el derecho al uso de las parcelas”. La citada autoridad competente hará un control reforzado de la documentación.
El diario digital qcom.es hace referencia a la provincia de León, al recoger unas manifestaciones de ASAJA León, relativas a los agricultores profesionales leoneses, dado que cultivan en arrendamiento más del 70% de la superficie de la explotación -porcentaje que se eleva al 100% en el caso de los jóvenes- la mayoría de los acuerdos con particulares son verbales, pues ni los propietarios de las parcelas quieren firmar contratos escritos, ni la Ley de Arrendamientos Rústicos les obliga. Por otro lado, una gran parte de los propietarios leoneses no aceptan el pago por transferencia u otro sistema que deje constancia, señala esta organización agraria, dado que uno de los medios de pago legales es el pago en efectivo.
Ante esta situación singular de la explotación de la agricultura en la provincia de León, un portavoz de ASAJA León ha declarado que «esta organzación profesional es partidaria de la formalización de contratos rústicos por escrito, sujetos a la Ley de Arrendamientos Rústicos, pero el sector no tiene mecanismos para cambiar la voluntad de los propietarios de tierras que, en muchos casos, son familiares o personas unidas por amistad.»
Según el citado sindicato agrario, España, a través de su Administración General del Estado, es la única con capacidad legal e inspectora para obligar a que se generalicen los contratos por escrito, dando seguridad jurídica a las partes y transparencia fiscal a las operaciones.
Esta falta de transparencia en los arrendamientos rústicos es más flagrante en las zonas de la provincia no concentradas, con tierras marginales y pastos, donde el minifundismo es mayor y, además, las fincas son de menores dimensiones -a veces ínfimas-.
En estos casos, el agricultor o ganadero tiene que aceptar las condiciones que impone el propietario, ya que en caso contrario no hay acuerdo y se quedan sin cultivar.
Este cambio normativo, según ASAJA León, «lejos de mejorar la situación, puede aumentar los conflictos entre arrendadores y arrendatarios y conllevar falta de acuerdos, dejando más fincas abandonadas en las zonas agrícolamente más marginales de la provincia.»
Además, como consecuencia de controles administrativos, en los que no se acredite el arrendamiento, el agricultor se verá penalizado en un porcentaje de las ayudas de la PAC que le pudieran corresponder.
Lo que viene a poner de manifiesto ASAJA León es que la norma busca que los fondos de la PAC sirvan para modernización y profesionalización de las explotaciones agrarias, con especial incidencia en los arrendamientos rústicos, pero en León tiene un efecto indeseable porque va a perjudicar a los profesionales agrarios.