Pocos asuntos de Estado alcanzan tanto consenso y son de tanta urgencia social como la atención a las personas en situación de dependencia. Sin embargo, después de 19 años la dependencia es un derecho pendiente. El 14 de diciembre de 2006 se aprobaba la Ley 19/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y casi 20 años después, a pesar del avance que ha supuesto esta Ley, una de las políticas de Estado de mayor consenso, su potencial sigue sin desarrollar.
Cuatro millones de personas han recibido atenciones del Sistema de Atención de la Dependencia en estos casi 20 años, mientras que casi un millón de personas han fallecido en las listas de espera (Datos facilitados por el portal de transparencia desde 2014. Con información oficial de 11 años y una estimación desde 2008 podemos aseverar que 320.700 personas han fallecido esperando que se les reconociera el grado y 541.500 lo han hecho a la espera de recibir un servicio y/o prestación a la que tenían derecho).
Los procedimientos burocráticos, las escasas cuantías de las prestaciones, junto la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilidad hacen un Sistema low cost que es poco eficaz para atender las necesidades de las personas en situación de dependencia. A lo que hay que añadir la deficiente financiación y
las desigualdades territoriales en su desarrollo.
Evolución del Sistema de Atención a las Personas en situación de Dependencia para la promoción de la Autonomía personal enel primer trimestre de 2026
A continuación, se va a analizar el desarrollo del Sistema en los tres primeros meses de 2026 teniendo en cuenta algunos hitos relevantes que han condicionado los resultados durante dicho primer trimestre.
En 2024, el Gobierno de España paralizó el incremento de los 600 millones de euros ex novo que el Plan de Choque había impulsado en los 3 años anteriores (2021/2023). Una merma importante en la financiación del Sistema, que se ha visto reflejada no tanto en su extensión en número de beneficiarios, que ha seguido una tendencia creciente, sino más bien en la limitación de sus prestaciones y servicios.
17.569 personas dependientes más han sido atendidas respecto al final de 2025. La suma de prestaciones y servicios ha aumentado en 46.142. Sin embargo, este incremento ha sido muy desigual este año. Se consolida la tendencia de aumento de servicios low cost al aumentar prestaciones y servicios de bajo coste como la
Prestación por Cuidados en el Entorno Familiar o la Teleasistencia.
Finaliza marzo de 2026 con 271.556 personas a la espera de un procedimiento: 152.840 personas con derecho reconocido en espera de atención, 3.933 más que al empezar el año. A estas cifras hay que añadir 118.716 personas pendientes de valoración, 9.456 más que a finales de año. Con lo cual, la desatención (pendientes de valorar + limbo) alcanza esas 271.556 personas, 13.389 más que al comienzo del año.
Los resultados a nivel autonómico: Castilla y León, continúa entre las mejores comunidades
Si se analizan los resultados obtenidos durante el primer trimestre de 2026 en el SAAD, se observa que as comunidades con mayor “limbo de la dependencia”, es decir, que tienen personas pendientes de recibir prestación, son Canarias (23,5%), País Vasco (15%), Cataluña (13,7%) y Murcia (13,5%); y las que menos Aragón (1,5%), Galicia (1,5%) y Castilla y León (2,7%).
11 comunidades han aumentado el número de personas en el limbo de la dependencia en estos tres meses: Cantabria (+55%), Madrid (40,3%) y Castilla – La Mancha (34,9%) lideran este aumento. Más de la mitad (59%) de las personas que se encuentran en el “limbo de la dependencia” residen en tres comunidades: Cataluña (81.371), Andalucía (49.900) y Comunidad Valenciana (29.762).
Las comunidades autónomas que más han aumentado las personas beneficiarias con prestación estos tres meses han sido Canarias (+13%) y Cantabria (+4,3%). Por el contrario, las comunidades que más han disminuido el número de personas atendidas son: Navarra (-1,9%) y Extremadura (-1,2%).
En este indicador Castilla y León está entre las comunidades que más han disminuido el número de personas atendidas junto a Navarra, Extremadura, Castilla-La Mancha y País Vasco.
Todos estos datos pueden observarse en el siguiente gráfico:
Durante estos tres primeros meses de 2026, en España han fallecido 8.996 personas pendientes de resolución de grado y de resolución del PIA, 992 más que el año pasado a estas alturas, es decir, un 11% más que en el primer trimestre de 2025. Casi la mitad (49%) se concentran en Cataluña (2.886) y Andalucía (1.567). A la cola, la Comunidad con menos fallecimientos en lista de espera es Galicia (21).
En este indicador, Castilla y León tuvo 277 personas fallecidas antes de recibir la resolución de su grado de dependencia (180) y del PIA (97).
En España las personas con derecho aumentan un 1,3%. Las comunidades que más han aumentado las personas con derecho a prestación hasta marzo han sido: Cantabria (+7,4%) y Canarias (+5,4%). Por el contrario, en Navarra (-2,3%), Castilla y León (-1,5%), País Vasco (-1,1%) y Extremadura (-0,7%) se reducen el número de personas con derecho.
Como se puede observar, Castilla y León ha disminuido en un -1.5% el número de personas dependientes, la según comunidad que más ha disminuido este número de personas, por delante de la comunidad foral de Navarra.
El indicador de agilidad administrativa se calcula de acuerdo con el tiempo medio registrado desde la solicitud hasta la resolución del expediente. Este proceloso recorrido hizo que en marzo de 2026 el tiempo medio en España fuese de 329 días, 12 días menos que al empezar el año, pero superior al plazo estipulado.
Castilla y León lidera este indicador en el primer trimestre de 2026, con 116 días de tiempo de espera, es decir, una eficacia administrativa superior en 35 puntos porcentuales a la media nacional, ahorrando 64 días por expediente en la resolución del expediente, aspecto muy importante para las personas que se encuentran en situación de dependencia, así como a sus familiares para poder paliar los efectos de todo tipo que dicha situación supone.
Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días), pero solo hay seis Comunidades y Ceuta y Melilla (164) por debajo a ese margen en sus promedios: Castilla y León (116), Aragón (129), País Vasco (131), La Rioja (154), Castilla La Mancha (166) y Cantabria (174). Navarra (204) y Baleares (206) se encuentran cerca del plazo máximo. En el otro extremo estarían Murcia (553 días), Andalucía (464 días), Asturias (375 días) y Canarias (374 días).
Además, una Comunidad, Asturias (+48 días), ha aumentado de manera importante los tiempos de tramitación en este año. En el otro extremo, Canarias (-56 días), Andalucía (-31 días) y Cantabria (-29 días) han reducido sus tiempos de tramitación.
Cabe señalar que en el indicador del tiempo de espera en el primer trimestre de 2026, Castilla y León es una de las 8 comunidades en las que se ha incremtentado el tiempo de espera en 4 días sobre la media nacional, es decir, que se ha reducido en 12 días, lo cual obliga a estar muy pendiente de la evolución durante este año de 2026.
Estos datos explican que, a pesar del incremento paulatino del número de personas atendidas de los últimos años, el ritmo sea claramente insuficiente para absorber la demanda de valoraciones y atenciones.
Los motivos de estos impresentables retrasos, después de casi veinte años de implantación de la Ley, son múltiples, pero debemos apuntar dos fundamentales:
- 1. Los sucesivos recortes sufridos en la financiación de la Ley (aún vigentes) que afectaron gravísimamente a la etapa de despliegue, generando enormes bolsas de desatención gracias a la simple pero execrable vía de no resolver los procedimientos por parte de las administraciones.
- 2. El disparatado y proceloso entramado burocrático creado por las diferentes administraciones que, lejos de garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios. La mayoría de comunidades autónomas (Con las excepciones de Andalucía, País Vasco, Madrid o Castilla y León que simplifican el procedimiento en una sola resolución administrativa con el grado de dependencia y la prestación o prestaciones correspondientes) establecen dos procedimientos administrativos encadenados (resolución del grado de dependencia y resolución de prestación o servicio que disfrutará la persona). Muchas veces, para cuando llegan tales resoluciones, la situación de la persona ha cambiado tanto que hay que volver a empezar revisando su grado o sus prestaciones.
Desde entonces, y hasta final de 2024, se ha ido reduciendo progresivamente. Sin embargo, 2026 está suponiendo un cambio en la tendencia, como dijimos anteriormente, 13.389 personas más que a comienzo del año están esperando algún procedimiento de la dependencia, sumando un total de 271.556 personas.
Casi el 67% de las personas que se encuentran en lista de espera están en cuatro comunidades: Cataluña (81.371 personas), Andalucía (49.900), C. Valenciana (29.762) y Canarias (20.112). La Comunidad de Madrid tiene 14.333 personas en lista de espera, de las que 14.181 están esperando la prestación o servicio a la que tienen derecho, solamente 152 están esperando la valoración. Sería conveniente aclarar cuántas solicitudes están sin grabar en el Sistema.
El número de personas en lista de espera en Castilla y León supera es de 6.508, que la sitúa entre las mejores comunidades, como se puede apreciar en el gráfico precedente.
En relación con el número de solicitantes, el 11,5% de las personas estarían esperando algún tipo de trámite. Canarias (24%), Cataluña (19,2%) y Murcia (18,8%) son las Comunidades con mayor porcentaje de personas esperando, mientras que Castilla y León (4,1%), Navarra (2,5%) y Galicia (1,4%) son las comunidades que menor porcentaje de personas esperando tienen.
En estos tres meses, la lista de espera aumentó un 5,2% en toda España. Es preocupante la evolución en 2026 de tres Comunidades: Cantabria (+55%), Madrid (+40,3%) y Castilla – La Mancha (+34,9%). En el otro extremo de porcentaje de reducción, se encuentran Castilla y León (-17,4%), Ceuta y Melilla (-15,1%) y Navarra (-13,7%).
En relación a datos absolutos lideran el aumento Andalucía (+9.808), Madrid (+4.120) y Castilla – La Mancha (+2.111), solo entre estas tres comunidades suman más aumento de personas en lista de espera que en todo el Estado. Canarias (-1.911) y Castilla y León (-1.367) lideran la disminución del número de personas en lista de espera.
Este indicador también está liderado por Castilla y León con una disminución de la lista de espera en más del 17% respecto al mismo trimestre del año 2025.
Los datos del SAAD en Castilla y León a 31-03-2026
En Castilla y León hay 127.386 personas con derecho a prestaciones de dependencia, de las que 127.186 ya tienen reconocidas 180.224 prestaciones identificadas, pues una persona puede tener varias prestaciones.
En relación con las personas reconocidas como dependientes severos y grandes dependientes, Grados II y III, los datos del IMSERSO señalan que, en el mes de marzo, en Castilla y León se atendió al 99,8% de las personas que tienen reconocido dicho grado. Esto supone que, mientras en el conjunto del país la lista de espera es del 4,3%, en Castilla y León es prácticamente inexistente.
Los datos de dependencia del mes de marzo del IMSERSO señalan que la Comunidad incorporó ya al 99,8% de dependientes de Grado I, muy por encima de la media nacional que se sitúa en el 90,5%. Esto supone que, mientras en el conjunto del país la lista de espera es del 9,5%, en Castilla y León es prácticamente inexistente.
En Castilla y León, el 99,8% de las personas dependientes con derecho a prestación ya las reciben, superior en 6 puntos a la media nacional (93,7%), situándose a la cabeza de las comunidades autónomas en concesión de prestaciones.
En Castilla y León casi dos tercios de las personas que reciben prestaciones por dependencia son mujeres (63,3%).
En Castilla y León el número de personas que están recibiendo prestaciones en relación con la población está muy por encima de la media nacional: el 29,7% frente al 25,0% nacional.
La Comunidad se encuentra también por encima de la media española en lo que respecta a solicitudes en relación con la población, un 6,7% frente al 4,8% nacional.
En Castilla y León, la atención a las personas dependientes se presta prioritariamente a través de los servicios, tal y como establece la Ley de Dependencia. Así, en Castilla y León los servicios suponen el 78,1% del total de prestaciones, mientras que la media nacional es el 69,2%.
A continuación, se muestra una serie de tablas que recogen los datos de Castilla y León a nivel provincial:
La situación de las personas dependientes en España
Con los datos del Ministerio de Derechos Sociales, en el primer trimestre de este año 2026 hay 271.556 personas en listas de espera (+13.389 que a finales del pasado año): 118.716 personas que están a la espera de valoración y 152.840 personas esperando prestaciones y servicios que tienen reconocidos.
Cuando el Ministerio rebaja la cifra de desatención, a 152.249 personas, se refiere exclusivamente a aquellas con las que la Administración no está cumpliendo los plazos previstos por la Ley, que establece en 180 días el plazo máximo para recibir la prestación o servicio que tengan reconocido. Con datos del Ministerio, a este ritmo se necesitarían 86 años para lograr que no hubiese lista de espera.
Por supuesto que se bate el récord de personas atendidas, que es lo que proclaman las Comunidades y el Ministerio para justificar su triunfalismo y ocultar esta realidad. En la última década siempre aumentan las personas atendidas, pero eso no justifica el titular con el que el Ministerio ha presentado los datos del primer trimestre de 2026, señalando que la atención a la dependencia “alcanza su mayor cifra histórica y que mejora en todos los indicadores de gestión y atención”. Es lógico que, mientras haya decenas de miles de personas en las listas de espera, cada vez aumente más el número de personas beneficiarias.
Aunque sea con servicios low cost, que contrastan con triunfalismo del Ministerio al destacar que “las prestaciones de proximidad rozan ya el 60%”, cuando la intensidad media de la Ayuda a Domicilio disminuye en este año y apenas supone poco más de una hora de atención diaria y la prestación económica familiar también disminuye (que la ley establece como excepcional) tiene un importe de 259,84 euros mensuales de media.
271.556 personas se encuentran en las listas de espera
8.996 personas fallecieron en las listas de espera de la dependencia en el primer trimestre del año, 100 personas al día, una cada 14 minutos, como media.
De las 8.996 personas fallecidas en las listas de espera de la dependencia en el primer trimestre de este año, 4.628 estaban esperando ser valoradas y 4.368 esperando recibir la prestación a la que tenían derecho.
El presente informe se realiza con los datos oficiales hasta el 31 de marzo de 2026, valorándolos de manera objetiva, sin dejar de contar a nadie que esté esperando respuesta de la Administración y con los mismos criterios que el Observatorio utiliza habitualmente. Seguimos esperando que el Ministerio publique los datos de la lista de espera de las revisiones y de las solicitudes sin grabar, y atendidos del grado III+. Y ya no confiamos en que su Panel del SAAD trimestral no cambie criterios de manera discrecional. Es incomprensible la actitud triunfalista del Ministerio con titulares engañosos y el afán de manipular los datos, a la vez de su falta de transparencia.