Coceder desarrolló a lo largo de 2025 el programa “Racismo estructural en el ámbito rural: un análisis sociológico de sus dinámicas y consecuencias”, una investigación estatal financiada por España, a través de su Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, utilizando los fondos provenientes del 0,7 % del IRPF. El estudio analizó cómo se percibe y se manifiesta el racismo estructural en el medio rural español, con una clara representatividad del medio rural de Castilla y León, ya que el 50% de los territorios analizados forman parte de las provincias de león y de Palencia, centrándose en personas racializadas y en los grupos étnicos con mayor presencia en nuestras comarcas, cuyos procesos de discriminación suelen quedar invisibilizados por marcos analíticos diseñados desde entornos urbanos.
La investigación combinó técnicas cuantitativas y cualitativas, con 64 entrevistas a profesionales, líderes asociativos y personas racializadas, así como 13 grupos de discusión. Se llevó a cabo en seis comarcas rurales en las que hay presencia de CDR asociados: El Bierzo (Afa Bierzo), Carrión de los Condes (CDR Carrión de los Condes), Bajo Carrión–Ucieza (CDR Carrión y Ucieza), Verín (Portas Abertas), Alt Maestrat (CDR Alt Maestrat) y La Safor (CDR La Safor). La mayoría son territorios de interior con orografías complejas y déficits estructurales que condicionan la vida cotidiana.
El análisis global revela un escenario marcado por la vulnerabilidad estructural de las personas migrantes y gitanas, atravesada por precariedad laboral, segregación ocupacional, dificultad de acceso a vivienda y limitadas oportunidades de movilidad social. La división de género refuerza desigualdades previas: las mujeres migrantes se concentran en cuidados y limpieza —el perfil más expuesto a vulnerabilidad—, mientras que los hombres se insertan en hostelería, agricultura o construcción, casi siempre en posiciones subordinadas.
A nivel social y simbólico, la mirada dominante sitúa a estos grupos en posiciones de alteridad, la racialización opera mediante mecanismos sutiles —rumores, sospechas o reputaciones colectivas— que establecen fronteras simbólicas difíciles de identificar y que, en ausencia de estructuras institucionales sólidas, quedan a menudo invisibilizadas.
Esto se combina con un sistema institucional profundiza la distancia entre ciudadanía y derechos: trámites lentos, citaciones demoradas, falta de información clara y una dependencia excesiva de las Ong’s como mediadoras. La administración opera, así, como un campo opaco que reproduce desigualdades en lugar de corregirlas.
El análisis global de COCEDER en Castilla y León revela un escenario:
Con vulnerabilidad estructural de las personas migrantes y gitanas
Con precariedad laboral, segregación ocupacional, dificultad de acceso a vivienda y limitadas oportunidades de movilidad social
La división de género refuerza desigualdades previas:
Las mujeres migrantes se concentran en cuidados y limpieza
Los hombres se insertan en hostelería, agricultura o construcción en trabajos nada o poco cualificados
A nivel social y simbólico, la mirada dominante sitúa a estos grupos en posiciones de alteridad
La racialización opera mediante mecanismos sutiles —rumores, sospechas o reputaciones colectivas— que establecen fronteras simbólicas difíciles de identificar y que, en ausencia de estructuras institucionales sólidas, quedan a menudo invisibilizadas
Con un sistema institucional que profundiza la distancia entre ciudadanía y derechos: trámites lentos, citaciones demoradas, falta de información clara y una dependencia excesiva de las Ong’s como mediadoras
En el plano participativo, la exclusión es especialmente visible: La participación de personas migrantes y gitanas en asociaciones o espacios comunitarios es muy baja debido a barreras estructurales, culturales y simbólicas
La esfera pública queda así prácticamente reservada a la población autóctona, mientras que muchos migrantes limitan su participación a ámbitos religiosos o de apoyo emocional
La población gitana, además, se enfrenta a dinámicas de clientelismo electoral que debilitan su incidencia política real
La fragilidad del tejido asociativo y la escasez de recursos públicos refuerzan esta desconexión
El estudio también identifica jerarquías internas entre colectivos racializados, determinadas por el idioma, el país de origen, la religión o la etnia, mostrando cómo las distintas formas de discriminación se superponen y operan simultáneamente
En el plano participativo, la exclusión es especialmente visible. La participación de personas migrantes y gitanas en asociaciones o espacios comunitarios es muy baja debido a barreras estructurales, culturales y simbólicas. La esfera pública queda así prácticamente reservada a la población autóctona, mientras que muchos migrantes limitan su participación a ámbitos religiosos o de apoyo emocional. La población gitana, además, se enfrenta a dinámicas de clientelismo electoral que debilitan su incidencia política real. La fragilidad del tejido asociativo y la escasez de recursos públicos refuerzan esta desconexión.
El estudio también identifica jerarquías internas entre colectivos racializados, determinadas por el idioma, el país de origen, la religión o la etnia, mostrando cómo las distintas formas de discriminación se superponen y operan simultáneamente.
Comprender estas dinámicas es esencial para actualizar el diagnóstico sobre desigualdad territorial en España. Las políticas antidiscriminatorias, diseñadas desde lo urbano, no responden a las características del medio rural, donde las relaciones cara a cara y la pertenencia comunitaria tienen un papel determinante. Este estudio permite ampliar la mirada y entender cómo se configuran las jerarquías sociales en territorios rurales, aportando claves para diseñar respuestas más ajustadas y efectivas.
Entre sus recomendaciones, destacan reforzar la sensibilización y formación del personal técnico y la ciudadanía, fortalecer la colaboración con universidades, consolidar procesos comunitarios participativos, impulsar el trabajo en red para la defensa de derechos y promover buenas prácticas, especialmente a través de la juventud y la comunicación digital.