Desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales han llevado a cabo un estudio de la cobertura del Ingreso Mínimo Vital (IMV), cuando se cumplen cuatro años desde su aprobación en 2020, impulsada desde el entonces Unidas Podemos, el partido minoritario de extrema izquierda en la coalición gubernamental de España junto al PSOE, para establecer un derecho subjetivo a una prestación de ámbito estatal que pudiera sustituir las prestaciones familiares en su nivel económico más bajo y para reemplazar la discreccionalidad de las rentas mínimas de inserción o garantizadas que cada una de las 17 comunidades autónomas otorgaba o no.
Según dicho estudio, en el pasado mes de abril de 2024, un total de 589.948 familias fueron beneficiarias del IMV, ascendiendo a 1.771.480 el número de personas que pudieron disfrutar de esa prestación no contributiva del sistema público de Seguridad Social español.
Pero el Ingreso Mínimo Vital engloba tanto la renta básica de subsistencia, para familias con ingresos por debajo de la renta garantizada, como el complemento de ayuda para la infancia que permite completar las rentas inferiores a 3 veces la renta garantizada. Las familias que perciben la renta básica de subsistencia por tener ingresos inferiores a lo que se considera “renta garantizada” son sólo 392.902 hogares (1.006.763 personas), el 2,1% de la población española.
La previsión inicial, cuando el IMV se implantó en 2020, era llegar a 850.000 que se encuentran en situación de pobreza severa, es decir, el 17% de la población española que suponen 2,3 millones de personas.
La realidad de los datos se impone incuestionablemente. El IMV sólo se ha alcanzado por el 46,2% de cobertura de la pobreza severa.
Si tomamos como referencia el riesgo de pobreza, actualmente hay en España 8.260.000 en esa situación, al estar por debajo del 60% de la mediana de ingresos.
En consecuencia, el IMV sólo llega al 12,2% de las personas en riesgo de pobreza.
La realidad del IMV se impone a las previsiones más optimistas al inicio de la implantación:
El IMV No llega a 400.000 hogares (392.902) y a poco más de un millón de personas (1.006.763), menos de la mitad de la previsión inicial de España (46,2%)
Las cuantías medias mensuales del IMV por persona beneficiaria es de 164 € y por hogar de 492,4 €
No obstante, al ser una prestación económica vinculada directamente al nivel de renta, existen grandes diferencias en esta implantación entre comunidades autónomas.
Así, el IMV llega a más del 20% de la población bajo el umbral de pobreza en País Vasco (24,6%), Ceuta (23,5) y Melilla (22,6%), pero no llega al 10% en Castilla La Mancha (8,7%), Cataluña (8,6%), Canarias (8,3%) y Baleares (5,9%).
En la siguiene tabla, se reflejan algunos de los datos que plasman la verdadera realidad del IMV en España y también en Castilla y León (12,17%), comunidad en la que la tasa de cobertura prácticamente coincide con la media nacial (12,19%) (ambos datos resaltados en amarillo):
Sobre la base de estos datos, a continuación se muestran una serie de gráficos para ayudar a comprender la complejidad de esta prestación económica del IMV en España y en Castilla y León.
Del análisis conjunto de los datos y los gráficos anteriores, contenidos en el estudio de la asociación mencionada, se pueden establecer una serie de observacioenes:
- En España, 1.771.480 personas son beneficiarias de alguna de las modalidades del IMV: De ellas, 764.717 beneficiarios, esto es, el 43,20% del total, perciben el complemento de ayuda para la infancia (API) por tener una renta superior al umbral de la pobreza, coindente con la renta básica o mínima garantizada. Indicar que este complemento, previsto para fomentar la natalidad en España dado el grado de envejecimiento demográfico y, sobre todo, la despoblación existente, no parece sea demasiado eficaz, cabe pensar que por la exigua cuantía de la ayuda; el resto de beneficiarios del IMV, 1.006.763 beneficiarios, es decir, el 56,8% restante, recibe el IMV en la cuantía de la renta básica garantizada, por encontrarse en situación de pobreza severa, al estar por debajo del umbral de la pobreza por ser su renta inferior a la renta mínima garantizada.
- En Castilla y León, estos datos se reflejan en el sentido de que un total de 76.415 personas son beneficiarias de alguna de las modalidades del IMV: De ellas, 33.976 esto es, el 44,46% del total, perciben el complemento de ayuda para la infancia (API) por tener una renta superior al umbral de la pobreza, coindente con la renta básica o mínima garantizada. Indicar que este complemento, previsto para fomentar la natalidad en España dado el grado de envejecimiento demográfico y, sobre todo, la despoblación existente, no parece sea demasiado eficaz, cabe pensar que por la exigua cuantía de la ayuda; el resto de beneficiarios del IMV, 42.439 beneficiarios, es decir, el 55,54% restante, recibe el IMV en la cuantía de la renta básica garantizada, por encontrarse en situación de pobreza severa, al estar por debajo del umbral de la pobreza por ser su renta inferior a la renta mínima garantizada.
- En cuanto a la tasa de cobertura de los más vulnerables, es decir, los que reciben el IMV en la cuantía necesaria para que, al menos, perciban la renta básica o mínima garantizada como derecho subjetivo en una sociedad del bienestar que presumen de no dejar a nadie en la «cuneta», indicar que en España (12,19%) y en Castilla y León (12,17%), prácticamente son equivalentes.
- Llama la atención que en una de las comunidades autónomas donde la renta es más alta, como es el País Vasco sin embargo, es la región con mayor tasa de cobertura de la población más vulnerable. Hay que recordar que la gestión del IMV está transferida a esta comunidad desde el pasado año 2023, sin entrar en mayores consideraciones, resulta muy sorprendente. Lo mismo cabría decir de Navarra, en la que también se ha transferido la gestión del IMV.
- Los casos de Ceuta y Melilla como integrantes de los territorios con mayor tasa de cobertura, se explican porque el IMV ha sustituido a las prestaciones familiares de personas residentes legalmente y procedentes con nacionalidad marroquí con unidades familiares con un mayor número de miembros.
- También, llama la atención que las comunidades insulares sean las que presentan una menor tasa de cobertura junto con Cataluña y, lo sorprendente, es que Castilla-La Mancha también aparece en el grupo de menor tasa de cobertura.
A juicio de José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, «es necesario un impulso aún mayor para incorporar el IMV en la gestión a los servicios sociales de atención primaria. Los servicios sociales comunitarios son una red capilar que llega a toda la ciudadanía. independientemente del municipio en el que reside y de su situación personal y social. Sin embargo, Espña,a través de su Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, no ha establecido ninguna coordinación que, sin ninguna duda, hubiera ayudado a la implantación del IMV, mejorando los plazos en el acceso y la situación económica de muchas familias. El laberinto burocrático diseñado para acceder al IMV ha hecho, en la mayor crisis social de la historia, que miles de personas en situación de vulnerabilidad, pasen meses de su vida sufriendo momentos de gran precariedad.»
España no ha cumplido con el objetivo que se planteó de que en unos meses llegaría el IMV a las 850.000 familias que malviven en la pobreza extrema en nuestro país. Mientras tanto, la persistencia de las “colas del hambre” deberían avergonzar a los gobernantes y, en lugar de ser noticia, tendrían que ser la denuncia continua de la impericia del Gobierno en la gestión de la “vacuna contra la pobreza”, que es como calificaron el Ingreso Mínimo Vital. Esta aseveración debe extenderse a las comunidades vasca y navarra, por no ser gestionado el IMV por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), sino por las respectivas admnistraciones autonómicas.
A continuación, se muestran una serie de gráficos y cuadros estadísticos que permiten verificar el estado actual de la población más vulnerable de España y de Castilla y León en comparación con otras comunidades autónomas:
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
En la encuesta de Condiciones de Vida, los ingresos que se utilizan en el cálculo de variables como rentas y tasa de riesgo de pobreza corresponden siempre al año anterior.
Umbral de riesgo de pobreza, Umbral (con alquiler imputado):
La definición de renta del hogar incluye el alquiler imputado. El alquiler imputado se aplica a los hogares que no pagan un alquiler completo por ser propietarios o por ocupar una vivienda alquilada a un precio inferior al de mercado o a título gratuito. El valor que se imputa es el equivalente al alquiler que se pagaría en el mercado por una vivienda similar a la ocupada, menos cualquier alquiler realmente abonado. Asimismo, se deducen de los ingresos totales del hogar los intereses de los préstamos solicitados para la compra de la vivienda principal.
Umbral de pobreza: es el 60% de la mediana de los ingresos anuales por unidad de consumo (escala OCDE modificada), tomando la distribución de personas. Los ingresos por unidad de consumo se obtienen dividiendo los ingresos totales del hogar entre el número de unidades de consumo.