Desde COAG-Burgos queremos mostrar nuestro malestar con la Administración Autonómica de Castilla y León y con el Gobierno Central en relación la orden autonómica de 17 de octubre de 2023, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convocan ayudas directas al sector apícola que traslada las ayudas contempladas en el real decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas.
Dicha orden regula una ayuda que pretende textualmente garantizar la viabilidad de las explotaciones agrarias y con ello hacer frente a posibles problemas de abastecimiento de alimentos por reducción o incluso abandono de la actividad apícola que podrían tener lugar si el conflicto se prolonga. Todo ello mediante el establecimiento de medidas de apoyo a los titulares de explotaciones agrarias que han visto agravada su situación por el contexto climatológico de sequía y elevadas temperaturas, que se ha sumado a la grave situación generada por la guerra de Ucrania, para de esa forma contribuir a garantizar la seguridad alimentaria y a la corrección de los desequilibrios del mercado.
Las ayudas directas al sector apícola que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Junta de Castilla y León destinan a compensar a los titulares de explotaciones apícolas por la pérdida de ingresos derivada de la disminución de la producción como consecuencia de la falta de polinización y del incremento de los insumos reconoce como beneficiarios de esta ayuda UNICAMENTE a los apicultores trashumantes, entendiendo como tales aquellos que tienen un sistema productivo denominado «Trashumante».
El modelo productivo estante, el predominante en el norte de la comunidad, ya ha sido dejado fuera de las ayudas al gasoil (recordemos que es el único de los sectores agrícolas y ganaderos que se deja fuera) y ahora se excluye de las medidas de ayuda por la sequía; todo esto no solo genera desigualdad dentro del sector, sino que pone en entredicho la viabilidad de muchas de las explotaciones amparadas bajo este modelo productivo. Por lo que consideramos que la orden y en el real decreto no solo no se garantiza la viabilidad de todas las explotaciones agrarias sino que refuerza una desigualdad en el sector apícola sin causa justificada. Vulnerando de esta manera el principio de igualdad dentro del sector apícola; ya que privilegia a un modelo productivo en detrimento de otro.
Esto supone un enorme perjuicio para la práctica totalidad de las explotaciones de la provincia de Burgos amparadas bajo este modelo, poniendo en entredicho el futuro de un sector importante para la provincia. Debemos recordar que de los apicultores profesionales el 39% de la comunidad son estantes (285 de un total de 715) y a nivel provincial el 66,7% son estantes (30 de un total 45).
María del Río Mena
Responsable de Apilcultura en COAG Burgos
